COMUNICADO DE LA SChA, 28/junio/2020
La arqueología chilena en la hora de las definiciones
La discusión de la nueva Ley de Patrimonio se extiende ya por dos años y las constantes diatribas en torno a ella, relacionadas con su legitimidad, sus modificaciones y su urgencia,han empantanado la cuestión de fondo sobre las definiciones normativas e inhibido el ejercicio autocrítico de nuestra profesión en un marco de declaraciones mediáticas,titulares, pero poca reflexión interna.
La Sociedad Chilena de Arqueología a través de sus consejeros/as, asesores y socios/as que han ejercido y ejercen en funciones públicas, en universidades, museos y en forma independiente, ha sostenido en sus asambleas plenarias y a través de su Directorio-en coherencia con los estatutos que la rigen-, la necesidad de mantenerse en el debate y aportar con experiencia institucional y empírica en el campo de la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio arqueológico. Se han dispuesto todas las capacidades organizacionales y técnicas, respetando el marco de deliberación existente y en plena conciencia de los reclamos acerca de una mayor participación ciudadana en la elaboración y discusión de nuevos cuerpos legales que deben reemplazar a la actual Ley 17.288.
Por ello, esta Directiva saluda la reciente publicación de la Guía de Procedimiento Arqueológico por el Consejo de Monumentos Nacionales, que asegura estándares transparentes en los procesos de trabajo arqueológico por décadas ejercidos y evaluados con criterios disímiles. Al mismo tiempo, nos preocupan las acciones del Gobierno destinadas a implementar las equivocadas recomendaciones del informe Calidad Regulatoria en Chile: Una Revisión de Sectores Estratégicos de la Comisión Nacional de Productividad (CNP, 2019). Como han sostenido públicamente un grupo de socios y socias en el diario digital El Mostrador (26/09/2019), la necesidad de “Fortalecer y descentralizar el Consejo de Monumentos Nacionales”colisiona con las recomendaciones de este informe en lo referido a “2.6.2. Modificar la Ley 17.288, autorizando al Consejo para que delegue facultades para aprobar permisos en otras instancias (comités ejecutivos de los mismos consejeros) y que autorice a funcionarios a nivel regional extender actas y actuar como ministros de fe [ya] 2.6.3.Modificar el RSEIS, convirtiendo el PAS132 de un permiso mixto a uno puramente ambiental, señalando en la RCA las condiciones y competencias que debe cumplir el arqueólogo que desarrollará las labores” (CNP, 2019: 79-80).Estas recomendaciones intentan no otra cosa que mermar las atribuciones legales del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) a través de modificaciones regulatorias y de gestión, en claro detrimento de la protección del patrimonio arqueológico; más aún, desestimando nuestros constantes y reiterativos llamados a fortalecer (personal y recursos) y descentralizar (transferencias de atribuciones) dicho Consejo y modificar el Reglamento de Arqueología (DS Nº 484/1990).
Insistimos en que mientras se dilate esta discusión y no avancemos hacia una nueva Ley, seguirá imperando la actual, que prácticamente no es debatida, sometiendo en forma creciente a tensiones y crisis la gestión y protección del patrimonio en todas sus dimensiones. La falta de cuestionamientos a la Ley vigente resulta en la divulgación de posiciones conservadoras y reaccionarias que, impidiendo deliberar sobre cambios legislativos en materias de suma relevancia para la arqueología chilena, anteponen la pertinencia de un debate polarizado (de todo o nada) sobre las “prácticas legislativas” como medida de adhesión a otras justas demandas de la sociedad civil. El problema es que estas posturas corporativas no se pronuncian sobre la actual práctica neoliberal y desregulada de la arqueología; ni(por mencionar un ejemplo), sobre la mínima protección de las colecciones arqueológicas que la Ley 17.288 permite, considerando que en los últimos 30 años de ejercicio libre de nuestra profesión se ha generado el colapso de los depósitos museológicos provocando una deslocalización de las colecciones científicas y la emergencia de depósitos privados.
Esta es la paradoja que debemos enfrentar hoy como Sociedad Chilena de Arqueología,sin temor y con una mirada de largo plazo que nos permita construir un marco jurídico idóneo para las generaciones de profesionales que nos sucederán.
Gloria Cabello Baettig. Presidenta Sociedad Chilena de Arqueología.
Simón Urbina Araya. Vicepresidente Sociedad Chilena de Arqueología.
José Blanco Jara. Tesorero Sociedad Chilena de Arqueología.
Carole Sinclaire Aguirre. Secretaria Sociedad Chilena de Arqueología.
Carolina Agüero Piwonka. Directora Sociedad Chilena de Arqueología.